El Senado aprueba incluir el indicador de discapacidad en datos de violencia de género

Así lo ha acordado tras dar luz verde al dictamen de la ponencia sobre la proposición de Ley de reforma de la Ley del Poder Judicial sobre medidas urgentes en aplicación del pacto de Estado contra la violencia de género, que incorpora algunas enmiendas al texto que llega del Congreso. La Cámara Baja aprobó el pasado octubre por mayoría una reforma parcial de la Ley del Poder Judicial, que es de 1985, para que los jueces tengan mayor formación sobre la violencia machista y se apliquen las medidas recogidas en el pacto de Estado que afectan al ámbito judicial. De las 26 enmiendas presentadas ahora por distintos grupos del Senado, la Comisión de Justicia ha admitido una transaccional entre PP, PSOE y Podemos y otra propuesta del PP, ambas para mejorar la atención y protección de las víctimas con algún tipo de discapacidad. Así, la proposición de ley contemplará que las estadísticas del CGPJ sean desagregadas "tomando en consideración el indicador de discapacidad". De esta forma será posible la explotación de los datos precisos sobre la situación de violencia que experimentan las mujeres con discapacidad y, además, habrá un registro estadístico de menores de edad víctimas de violencia machista que incluya, asimismo, el indicador de discapacidad. Otra enmienda que, a juicio de los senadores, enriquece el texto del Congreso, establece que las dependencias judiciales que impidan la confrontación de la mujer y su agresor durante el proceso sean accesibles para las víctimas con discapacidad. El PP, con mayoría en la Cámara, ha explicado que no ha aceptado las enmiendas de Podemos y del grupo Mixto al considerar que persiguen cambios terminológicos y conceptuales modificando la denominación de violencia de género, lo que considera "absolutamente innecesario" en esta ley. Algunas de las propuestas descartadas pedían que los Juzgados especializados en violencia sobre la mujer instruyeran también las causas relacionadas con las violencias sexuales, cuestión rechazada por el PP al entender que "no se trata de excluir, pero tampoco de incluir" en la reforma de la Ley del Poder Judicial unas violencias que no están reconocidas en la ley integral. Los grupos que han visto rechazadas sus enmiendas han asegurado que las mantendrán en la votación del texto en el Pleno de la Cámara Alta que, una vez aprobado, volverá al Congreso de los Diputados para su ratificación definitiva.