La Fiscalía insiste en que sólo el 0,0075% de las denuncias por violencia de género son falsas

La Fiscalía General del Estado ha destacado que el porcentaje de denuncias falsas por violencia de género es "escasísimo". Entre 2009 y 2016 las condenas por denuncias falsas fueron 79, frente a las 1.055.912 denuncias por violencia de género presentadas en esos ocho años. En su Memoria relativa a 2016, presentada este martes, el Ministerio Público ha indicado que el pequeño porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación y denuncia falsa" es "suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de denuncias falsas en materia de violencia sobre la mujer". El año pasado se presentaron 142.893 denuncias por violencia machista y, en ese mismo año, se abrieron 16 causas por delito de acusación y violencia falsa, de las cuales dos fueron archivadas o sobreseídas y las 14 restantes se encuentran en tramitación. De las 1.055.912 denuncias por violencia de género que se pusieron entre 2009 y 2016, se incoaron 194 causas por denuncias falsas, lo que supone un 0,18%, de ellas sólo han resultado en condena 79 (el 0,0075%) y, si se les suma las 110 causas en tramitación -pendientes de fallo-, el porcentaje sería del 0,01%, señala la Fiscalía. Para el Ministerio Fiscal, el número de víctimas mortales sigue siendo "demasiado alto", al igual que el de aquellas víctimas que no denuncian. "Junto a ese silencio, también preocupa el de familiares, vecinos y amigos que conocen o sospechan la existencia de malos tratos", apunta la institución. Asimismo, lamenta el "notable incremento" de la violencia de género digital, "especialmente entre adolescentes y jóvenes", donde las redes sociales son el "principal" medio de comunicación entre ellos y, a la vez, facilitan el control, la vigilancia y la presión sobre la pareja, aprovechando además el anonimato y la "gran repercusión" que la red tiene. Por otra parte, para la Institución los profesionales de sanidad, educación y servicios sociales no son conscientes de su obligación de denunciar y aconseja continuar con la labor de concienciación de la víctima y las personas de su entorno para que denuncien. Asimismo, destaca la obligación de denunciar de los profesionales. También segura que es "imprescindible" insistir en la importancia de avanzar en la formación de todos los profesionales implicados en esta materia y en su especialización a todos los niveles, y reclama la "inaplazable" reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispensa de la obligación de declarar a la víctima de violencia de género. La Fiscalía celebra que se reconozca a los menores, hijos de mujeres víctimas de violencia de género, como víctimas por el simple hecho de haber presenciado y sufrido el maltrato a su madre, y que se haya reforzado la obligación de los jueces de pronunciarse sobre el mantenimiento o no de la guarda y custodia, la patria potestad y el régimen de visitas, así como el protagonismo otorgado a los menores al tener que ser oídos para conocer su opinión antes de adoptar medidas que les afecten. El Ministerio Fiscal recuerda que el total de mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja ascendió a 52 en 2016, lo que supone no sólo una reducción con relación al año anterior, que se saldó con 62 víctimas, sino la menor cifra computada en la última década, junto con el año 2012. También indica que paralelamente al "significativo incremento" de denuncias que reflejan los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pasando de 129.193 en el año 2015 a 142.893 en el año 2016, lo que supone un del 10,6% más, se constata un ligero aumento del número de mujeres asesinadas que habían denunciado previamente (16). La Fiscalía pone de manifiesto que de estas víctimas mortales que denunciaron, 12 de ellas, es decir, el 75 %, habían hecho uso de la dispensa, se acercaron a su agresor a pesar de la orden de protección vigente o, una vez cumplida la condena, reanudaron la convivencia. La institución que dirige Maza sostiene que hay que hacer una revisión de estos casos mortales con denuncia previa y asegura en ninguno de ellos se estableció como medida de protección el control telemático de sus agresores por las "reticencias" de los jueces como por la falta de insistencia de los fiscales y abogados de las mujeres para solicitar su imposoción. También señala que los elementos con los que se cuenta a la hora de realizar una valoración del riesgo policial son insuficientes y no se reúnen todos los indicios para que este diagnóstico sea lo más adecuado posible. En este sentido, apuesta por tener en cuenta los informes médicos, psicológicos, servicios sociales y educativos. "Quizás la propia rapidez del sistema por otorgar una protección a la víctima no redunde en su beneficio", añade.