Los neuroderechos comienzan a ganar batallas

No ha sido EE. UU., China o Noruega. Chile se convirtió la semana pasada en el primer país que aprueba por unanimidad una reforma constitucional para proteger "la integridad mental de las personas" frente a los avances de la neurotecnología. La Comisión para los Desafíos del Futuro del Senado dio luz verde por primera vez a . ¿De qué estamos hablando? En palabras llanas la neurotecnología son el conjunto de herramientas tecnológicas que sirven para analizar y descifrar nuestros pensamientos, pero también para influir sobre el cerebro, alterarlo o manipularlo. Estás técnicas –de las que más se habla y menos conocemos serían los implantes cerebrales– han tenido un desarrollo impresionante en los últimos años, muchas veces vinculado a lograr la mejora en la calidad de vida de pacientes con parálisis cerebral o lesiones en la médula espinal; y se espera que en el futuro puedan ayudar a personas con epilepsia, esquizofrenia o alzheimer. El principal temor es que haya quién utilice los conocimientos en neurotecnología para manejar nuestro cerebro. Rafael Yuste (Madrid, 1963) es uno de los científicos internacionales con más prestigio. De hecho, fue uno de los impulsores durante la presidencia de Barack Obama de la neurotecnología en EE. UU. y ahora es uno de los investigadores más influyentes a la hora de advertir de los riesgos para la privacidad mental que tienen estas técnicas. Yuste es uno de los 25 especialistas internacionales en neurociencia, derecho y ética que han apoyado el proyecto chileno. En declaraciones a la prensa del país sudamericano, el científico español aseguró que "es un momento histórico. Es la primera vez en el mundo –que yo sepa– que en una Constitución se protege la actividad cerebral, la información y la integridad mental". Al servicio de las personas La reforma constitucional de Chile salvaguarda que el desarrollo científico y tecnológico "estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la actividad física y psíquica". Según explican en NeuroRights, iniciativa de la Universidad de Columbia en Nueva York que dirige el propio Yuste, en los próximos años será posible "decodificar el pensamiento a partir de la actividad neuronal o mejorar la capacidad cognitiva conectando el cerebro a las redes digitales", lo que hace peligrar la privacidad mental o la autonomía cognitiva. Tanto es así que esta organización promueve añadir nuevos derechos humanos –neuroderechos– a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. "La neurotecnología puede desafiar la noción misma de lo que significa el ser humano". El principal riesgo es que la inteligencia artificial y las interfaces cerebro-computadoras no respeten la privacidad, la identidad y la igualdad de las personas, tal y como explica Yuste y su equipo en este artículo publicado en la revista científica Nature. El investigador nacido en Madrid pone este ejemplo: "Considere el siguiente escenario. Un hombre paralítico participa en un ensayo clínico de una interfaz cerebro-computadora. Una computadora conectada a un chip en su cerebro está entrenada para interpretar la actividad neuronal resultante de sus ensayos mentales de una acción. La computadora genera comandos que mueven un brazo robótico. Un día, el hombre se siente frustrado con el equipo experimental. Más tarde, su mano robótica aplasta una taza después de quitársela a uno de los asistentes de investigación y lastima al asistente. Disculpándose por lo que dice que debe haber sido un mal funcionamiento del dispositivo, se pregunta si su frustración con el equipo influyó". Aunque aclara que es una hipótesis, sí sirve para ilustrar los desafíos de la neurotecnología. Control mental vs privacidad mental Por ahora, esta tecnología ha conseguido que una persona pueda controlar con su cerebro el cursor en una pantalla de ordenador o manejar una silla de ruedas motorizada. Pronto, según Yuste, los individuos podrán comunicarse con otros simplemente pensando o que un sistema computacional pueda mejorar las habilidades mentales y físicas de una persona. "Pero la tecnología también podría exacerbar las desigualdades sociales y ofrecer a corporaciones, piratas informáticos, gobiernos o cualquier otra persona nuevas formas de explotar y manipular a las personas. Y podría alterar profundamente algunas características humanas fundamentales: la vida mental privada, la agencia individual y la comprensión de los individuos como entidades atadas por sus cuerpos". Ante la escasez de regulaciones internacionales y pautas éticas, cada vez son más los investigadores que promueven en todo el mundo normas para evitar males mayores. En España, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, , presentó en 2020 . El Gobierno y un grupo de expertos asesores pretenden regular por ley el uso de la neurotecnología para que se garantice la autodeterminación, la libertad de toma de decisiones, la confidencialidad y la seguridad de los datos cerebrales. También se regulará el empleo de estas técnicas en la protección de las capacidades mentales "para garantizar la dignidad, la igualdad y la no discriminación". el pasado mes de noviembre, la neurociencia y la neurotecnología avanzan sin parsimonia en pro del bienestar común: control mental de prótesis, de robots y de programas informáticos; implantes que permiten escuchar a personas con sordera o estimular el nervio óptico en pacientes con lesiones; estimulación para recuperar el control autónomo de las extremidades en sujetos con parálisis... Todavía en investigación, ya se empieza a atisbar que llegará el momento en que podamos transmitir pensamientos a larga distancia, percibir vídeos o llamadas telefónicas desde dispositivos externos como el smartphone, o recuperar capacidades perdidas –como por ejemplo el tacto o determinados movimientos– por un accidente. Esta es la cara amable, ahora se trata de evitar que estas nuevas tecnologías no se vuelvan contra nosotros. Los derechos neuronales pretenden anticiparse a lo que puede ocurrir.