La Fiscalía tramitó más de 1.200 casos de maltrato animal en 2025 y aumentó las condenas un 8%

La Fiscalía General del Estado (FGE) incoó un total de 1.232 procedimientos judiciales por maltrato animal durante 2025, lo que supone un 18,6 % menos que el año anterior, cuando se registraron 1.515. Pese a este descenso en el número de procedimientos, la Fiscalía investigó un 19,2 % más de casos relacionados con este delito y dictó un 8 % más de condenas que en 2024. En concreto, se incoaron 366 diligencias de investigación, frente a las 307 del año anterior, y se dictaron 283 sentencias condenatorias, por las 262 registradas en 2024. Estos datos aparecen recogidos en la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2025, consultada por Europa Press y presentada este jueves durante el acto solemne de apertura del Año Judicial 2026/2027 en el Tribunal Supremo. El documento también recoge que la Fiscalía presentó 313 escritos de acusación relacionados con maltrato animal, un 11,3 % menos que el año anterior, cuando se presentaron 353, y dictó 58 sentencias absolutorias, frente a las 62 registradas en 2024. El maltrato animal, dentro del conjunto de delitos medioambientalesLa Memoria de la Fiscalía refleja que, en el conjunto del ejercicio 2025, se incoaron 3.089 diligencias de investigación relacionadas con delitos medioambientales y afines. De ellas, 462 correspondieron a medio ambiente, 1.340 a urbanismo y ordenación del territorio, 103 a patrimonio histórico, 378 a delitos contra la flora y la fauna, 440 a incendios forestales y 366 a malos tratos contra animales domésticos. De este conjunto de diligencias, 1.493 fueron objeto de denuncia o querella por parte del Ministerio Fiscal, mientras que 1.271 fueron archivadas. La propia Memoria matiza que este dato incluye diligencias incoadas en 2024 que finalizaron en 2025, y no incluye aquellas iniciadas en 2025 que continuaban en tramitación al cierre del año. Además, a lo largo de 2025 se incoaron un total de 4.707 procedimientos judiciales en este ámbito. De ellos, 359 correspondieron a delitos contra el medio ambiente, 1.072 a urbanismo y ordenación del territorio, 436 a patrimonio histórico, 666 a delitos contra la flora y la fauna, 942 a incendios forestales y 1.232 a malos tratos a animales domésticos. Escritos de acusación y sentencias por materiasSegún la Memoria, a lo largo del año pasado se presentaron 1.478 escritos de acusación en este ámbito, de los cuales 106 correspondieron a delitos contra el medio ambiente, 624 a urbanismo y ordenación del territorio, 36 a delitos sobre patrimonio histórico, 282 a delitos de flora y fauna, 117 a incendios forestales y 313 a malos tratos a animales domésticos. En cuanto a las sentencias condenatorias, se dictaron un total de 1.087: 45 por delitos contra el medio ambiente, 359 por urbanismo y ordenación del territorio, 34 en materia de patrimonio histórico, 280 relacionadas con flora y fauna, 86 por incendios forestales y 283 por malos tratos a animales domésticos. Por último, se dictaron 221 sentencias absolutorias en este ámbito, de las cuales 21 correspondieron a medio ambiente, 75 a urbanismo y ordenación del territorio, 7 a patrimonio histórico, 40 a delitos contra la flora y la fauna, 20 a incendios forestales y 58 a malos tratos a animales domésticos. 82 demoliciones ejecutadas en 2025La Fiscalía ha vuelto a insistir, un año más, en que resulta imprescindible reforzar el control de las ejecutorias de demolición. Según el organismo, la necesidad de restaurar el orden jurídico alterado por la construcción ilegal es crucial, por lo que los delegados de medioambiente de las fiscalías deben asumir el control de estas ejecutorias, reforzando las secciones correspondientes si fuera necesario. Aunque reconoce que el control de estas ejecutorias resulta difícil, la Fiscalía ha señalado que en 2025 se llevaron a cabo un total de 82 demoliciones, tanto voluntarias como forzosas. No obstante, matiza que no todas las memorias recibidas desde los distintos territorios mencionan el número de demoliciones realizadas, por lo que no se descarta que la cifra real pueda ser superior a la registrada, precisamente por las dificultades de seguimiento señaladas.