La Corte Internacional de Justicia advierte sobre las graves consecuencias de la crisis climática

Emisiones sin fronteras y efectos globales Durante la lectura de la opinión consultiva solicitada por la Asamblea General de Naciones Unidas sobre las obligaciones de los Estados en relación con el cambio climático, el máximo tribunal de la ONU alertó de que las emisiones de gases de efecto invernadero provienen principalmente de actividades humanas, sin importar los límites territoriales. En el contexto científico, la Corte señaló que las consecuencias del cambio climático son peligrosas y de gran alcance, afectando tanto a los ecosistemas naturales como a las poblaciones humanas. El juez presidente, Iwasawa Yuji, afirmó que "estas consecuencias reflejan la amenaza urgente y existencial que representa el cambio climático". Responsabilidad legal de los Estados La resolución adoptada por la Asamblea en marzo de 2023 solicitó a la CIJ responder a una serie de preguntas basándose en documentos como la Carta de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Acuerdo de París y los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. "¿Cuáles son las obligaciones de los Estados, en virtud del derecho internacional, para garantizar la protección del sistema climático y otras partes del medioambiente frente a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, en beneficio de los Estados y de las generaciones presentes y futuras?", cuestionó la Asamblea. Además, preguntó acerca de las consecuencias legales que existen para los Estados que no cumplen con esas obligaciones. Uno de los temas legales clave que se espera que aclare la CIJ es la relación entre cambio climático y derechos humanos, como el derecho a la vida, salud, alimentación o vivienda, así como la responsabilidad histórica de los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Posturas enfrentadas entre países Durante audiencias en la CIJ el pasado diciembre, los países industrializados defendieron que los tratados existentes no implican obligaciones legalmente vinculantes. Los países más en desarrollo y los pequeños Estados insulares advirtieron que estos convenios han fracasado y exigieron a los países ricos más esfuerzos en la lucha climática y la adaptación a sus efectos.